Las grietas de la industria del copyright

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postdateiconLunes, 01 de Agosto de 2011 18:40 | postauthoriconEscrito por H. Rojo | PortalOACA.com
Artículos – Contra-Info

¿Es justo comprar un CD para guardar tus fotos y pagar un canon?

¿Cuáles son las condiciones de vida de los trabajadores de la cultura?,

¿y cuáles las de las estrellas de la industria? ¿Todas las obras son 100% originales?

¿El conocimiento debe ser relegado a quienes pueden pagarlo?

Desde hace años, estas cuestiones se suscitan cuando se habla del reparto de los derechos de autoría.

La ilegalización del canon y la detención de la cúpula de la SGAE debilita el actual modelo de reparto de derechos, puesto en entredicho por las innovaciones digitales, por los propios creadores y por el movimiento en defensa de una cultura libre.

AnonymousEl conflicto por nuevos modelos de gestión de los derechos de autoría ha finalizado su segunda fase: la lucha en los juzgados.

Al menos, esa es la teoría de Josep Jover, el abogado que logró que la justicia europea declarase ilegal el canon digital y, ocho meses después, que la Audiencia Nacional interviniera la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La primera fase fue lograr el convencimiento social de que el actual canon es injusto y que no había que sufrirlo en silencio, sino todo lo contrario. Cuando Josep Jover colgó el escrito con el que quería desacreditar en la justicia europea esta tasa impuesta por el Gobierno, y derivada en su recaudación a ocho entidades de gestión, recibió más de 300 emails para hacer mucho más consistentes sus argumentaciones.

Después llegaría el momento en que su descrédito sería reflejado en los medios. Hechos como cobrar a un festival benéfico cantidades desmesuradas, personarse como acusación personal contra quienes venden CD en la calle para que vayan a la cárcel, llamar ladrones a quienes comparten legalmente archivos o cobrar por obras sin copyright terminaron por desacreditar a las entidades de gestión ante la opinión pública.

Tercera fase, cambios legales

Una vez logradas las victorias populares y legales, ahora el objetivo, para Jover, es conseguir que esto se refleje en una nueva legislación.

El debate no es la existencia o no de los derechos de autoría, sino su gestión. Para el abogado especializado en derechos de autoría, David Bravo, “es el momento idóneo para discutir entre ciudadanía y creadores iniciativas justas para ambos colectivos.

Un grupo quiere difundir sus obras y ver remunerado su trabajo y el otro disfrutar de la cultura libremente. Es el momento de dejar a un lado a los intermediarios”. “Sobre todo es necesario iniciar un proceso de debate y de promoción de los parámetros que defiende la cultura libre.

La cultura libre no son sólo licencias, sino cómo retribuir el trabajo y la forma de vida de las personas que se dedican a esto y preocuparse de que la gente pueda acceder libremente al conocimiento”, explica Guillermo Zapata, guionista de televisión y una de las más de 600 personas que han firmadoCuando el modelo se derrumba. Manifiesto de trabajadores de la cultura y el conocimiento por otro modelo de gestión de los derechos de autor.

Simona Levi, integrante de La Ex –organización especializada en “librar a la ciudadanía” de los abusos de las entidades de gestión–, se manifiesta de forma similar a Bravo y Zapata y tiene sus esperanzas puestas en el efecto 15M, y en su uso y relación con la red. “La sociedad civil tiene en su ADN el respeto y la defensa de internet.

Por eso, desde el Free Culture Forum –que ya prepara su edición anual de octubre en Barcelona–, queremos reflexionar sobre cómo se utiliza la red, entender qué más necesitamos, qué peligros existen, qué podemos construir juntas”.

Desde La Ex, proponen que el 15% de los beneficios obtenidos por las plataformas de distribución de contenidos se redistribuyan entre quienes aportaron contenidos a dichas plataformas, según una estimación de raíz cúbica indirectamente proporcional a lo ingresado.

El actual canon fue declarado ilegal tanto en octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de la UE, como en marzo de 2011 por la Audiencia Nacional, pero se sigue aplicando.

“Lo fundamental es que éste se elimine y empecemos a pensar cómo se devuelve todo lo que se ha pagado”, reclama Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Sin embargo, él mismo reconoce las dificultades para que el dinero se devuelva.

“Todos los escándalos de corrupción en la SGAE, además, se han hecho con un dinero conseguido ilegalmente. Ahora las administraciones públicas están con el agua al cuello y la Federación Española de Municipios y Provincias se plantea dejar de pagarlo y declararse en rebeldía. ¿Podremos hacer lo mismo los demás?”, apunta Domingo.

LA SGAE, K.O. La Operación Saga les deja sin autoridad

Durante años la SGAE, y especialmente Teddy Bautista, se había convertido en la gran referencia de la industria cultural, de la reivindicación de los derechos de autoría y del canon digital.

Eran los protectores de los privilegios de decenas de creadores que veían cómo sus cuentas se engordaban, sin preguntarse por la legitimidad de todo ello, resume Luis Cobo Manglis, el socio de la SGAE que en 2007 denunció públicamente que existía un desvío de fondos del canon hacia intereses personales de sus directivos.

Estas entidades de gestión –que son las grandes interlocutoras sobre propiedad intelectual de los Gobiernos de PP y de PSOE– promovieron el canon digital y la Ley Sinde.

Según Jaron Rowan, integrante de YP Productions y del Free Culture Forum, “es un buen momento para el cambio, porque se ha puesto de manifiesto lo que mucha gente pensaba de la SGAE.

Pero estoy preocupado porque la madre del cordero es la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), la que otorga a las entidades de gestión su monopolio, y esta parece que no se va a modificar profundamente”.

La ministra Sinde se ha limitado a sugerir la necesidad de cambios “parciales” en la LPI y en las entidades de gestión.

SIN LEY SINDE. Seis meses después, no se aplica todavía

Si la oposición al canon y el descrédito de las entidades de gestión no son suficientes para debilitar el actual modelo de derechos de autoría, una nueva sentencia judicial afirmaba en julio que las descargas y los enlaces a éstas no suponen un delito, con independencia de que sea a redes p2p o a servicios de descarga directa.

“Esta sentencia es ilusionante porque es en firme. Ratifica que las páginas de enlaces no infringen la legislación de los derechos de propiedad intelectual. Esas páginas son las que se pretenden cerrar por medio de la Ley Sinde, una ley que no cambia la regulación de la propiedad intelectual, sino el órgano que decide si la página es legal o no”, explica a este periódico David Bravo.

Seis meses después de la aprobación de la Ley Sinde por PP, PSOE y CiU, ésta todavía no ha entrado en vigor y su rechazo social ha sido uno de los gérmenes del 15M. En mayo, Hacktivistas denunciaba “la ineficacia radical de la Ley Sinde desde un punto de vista práctico”, con la publicación de El Manual de desobediencia a la Ley Sinde.

ACTA Su aprobación secreta, impedida

La lucha por mantener el statu quo de los derechos de autor va más allá del canon, las entidades de gestión y de la ley Sinde. Gracias a Wikileaks no sólo se conocieron las buenas relaciones de la SGAE y la embajada de EE UU, sino también que, desde 2007, las grandes potencias del mundo discuten en secreto el Acuerdo Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

“Un tratado de libre comercio que recoge las doctrinas más fundamentalistas del copyright para amplificar los beneficios de las industrias de patentes –incluidas las farmacéuticas o agroquímicas– y del copyright”, explica Levi.

De momento, el acuerdo no sólo no ha sido ratificado, sino que ha sido rechazado por México y en la UE tendrá que ser aprobado en cada país, en contra de los intereses de los grandes lobbys que exigían su aprobación directa en Bruselas.

INDUSTRIA DIO 5,3 MILLONES A MICROGÉNESIS

La Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial de la SGAE, y la empresa Microgénesis, cabecera de la trama destapada en la operación Saga, recibieron del Ministerio de Industria créditos y subvenciones por un monto total de 5.338.000 euros entre 2007 y 2010. Así se desprende de la información pública sobre el Plan Avanza, que el Gobierno puso en marcha en 2005.

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