Asedio al Estado autonómico

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El discurso del PP, con más o menos tremendismo, coincide en la necesidad de devolver competencias al Estado// El PSOE defiende el modelo, pero propone medidas de «concertación» autonómica, por ejemplo en los horarios comerciales

CAROLINA MARTÍN MADRID 16/01/2011 09:15 Actualizado: 16/01/2011

Oportunidad u oportunismo político. El debate sobre la viabilidad del Estado autonómico y su posible reforma ha irrumpido con fuerza en el escenario público a cuatro meses de las elecciones y con la crisis económica de fondo. Mientras el PP dibuja un modelo territorial enfermo, con “patologías”, el PSOE combina un doble discurso.

Por una parte defiende los logros del Estado autonómico y critica los ataques del PP, pero por otra anuncia futuras “concertaciones” entre comunidades, como por ejemplo en horarios comerciales, una competencia de las autonomías.

En esta última semana, el cuestionamiento de los conservadores al modelo diseñado en 1978 ha ganado en intensidad, si bien los recelos sobre este modelo vienen de lejos.

El más crítico con la vertebración de España ha vuelto a ser el ex presidente José María Aznar, quien el pasado viernes aseguró que España es un “Estado marginal, donde cualquier gobierno tendría dificultad para sacar adelante algunas políticas debido a la actual configuración del Estado”.

Por ello, propugnó una reordenación de competencias: “España no da para tener 17 instituciones que hacen las mismas cosas. No da para eso porque no podemos sostenerlo”.

Además, aprovechó para dictarle le deberes a Mariano Rajoy: poner el “cascabel al gato” cuando gobierne y recuperar competencias para el Estado.

El PP habla de 26.000 millones de “sobrecoste anual” por el modelo actual

Lo cierto es que Rajoy también ha dado ya algunas pinceladas sobre el futuro del Estado autonómico. La receta para salir de la crisis y superar los “obstáculos” derivados de las “patologías” que adolece el Estado de las autonomías, según expuso en octubre de 2010, pasa por una “actualización” del modelo que lo haga “viable y sostenible”.

Para la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, esto requiere “corregir” los excesos de las comunidades. ¿Y cuáles son estos? Las duplicidades y solapamientos entre las administración central y autonómica que generan más gasto, arguyen los conservadores.

Según el vicesecretario general del PP , Esteban González Pons, el “sobrecoste anual” para el conjunto de las autonomías “está por encima de los 26.000 millones de euros”, un 2,6% del PIB, que “los españoles podríamos ahorrarnos todos los años”, explicó durante una intervención en Menorca el pasado viernes.

Con estas cifras, González Pons apuntó la posibilidad de aprovechar la “flexibilidad” del Estado autonómico para que algunas competencias o recursos de las comunidades “vuelvan a la Administración central”.

‘Efecto crisis’

Aunque minoritarias, también hay voces dentro del PP que hacen frente al discurso hegemónico sobre el Estado autonómico. El actual presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tuvo que recordar a los suyos en noviembre del año pasado que, aunque “es cierto que se han cometido excesos, no puede decirse que estos deriven del modelo”.

Herrera defendió entonces la labor de las autonomías, calificando de “falso e injusto” considerar que “uno de los principales responsables del problema actual del déficit sea el modelo de Estado autonómico”.

Lo cierto es que los datos avalan el argumento de Herrera. En 2009, el déficit del Estado alcanzó el 11,1% del PIB y las autonomías representaron sólo un 2% del total. Sin embargo, la evolución en los últimos años demuestra que las cuentas negativas de las comunidades van creciendo.

Una llamada de atención que con la crisis económica se ha agudizado y obliga a invocar la austeridad. Eso sí, sin que los ciudadanos se vean afectados en la prestación de servicios. Según el Gobierno, el 85% de los gastos de las comunidades van destinados a educación, sanidad y dependencia.

La duplicidad no es mala

La escalada verbal del PP es vista en las filas socialistas como una “operación política” para socavar al Estado y bajo la que subyace “la negación del Estado de las autonomías” por parte de los conservadores.

Desde el Ejecutivo reconocen que es momento de procurar una mayor eficacia del sistema autonómico, pero manteniendo sus principios de éxito en los últimos 30 años: unidad, autonomía y solidaridad.

El 85% del gasto autonómico es para sanidad, educación y dependencia

Ahora bien, son partidarios de evitar el debate en los términos que han marcado los conservadores. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó el pasado jueves en el Senado de “peligroso” recuperar el debate en términos “neocentralistas y antiautonomistas”.

Para el secretario de estado de política territorial, Gaspar Zarrías, este discurso del PP “es un error que pretende aprovechar de forma coyuntural la crisis para darle una vuelta al Estado de las autonomías, que no es más caro de lo que puede ser la gestión municipal o del Estado”, explica en declaraciones a Público.

En su opinión, las comunidades “no son derrochadoras. Más el 85% del gasto es en educación, sanidad y dependencia”, tres de los pilares del Estado del bienestar cuya competencia está transferida a las comunidades. Según Zarrías, hay que “buscar procedimientos de colaboración, coordinación y eficacia” entre las autonomías, pero sin que ello suponga quitarles competencias.

Sobre todo en estos momentos en el que todas las administraciones se están apretando el cinturón, pero sin causar perjuicios a los ciudadanos.

Esto, subraya, es lo que pretende el Ejecutivo, que a través de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas está elaborarando un informe sobre las “duplicidades, solapamientos e ineficiencias del sistema”.

De los primeros análisis, explica el secretario de Estado, se aprecia que no hay grandes duplicidades. “Es el chocolate del loro”, apunta, a la vez que recuerda que en ocasiones “la duplicidad no es mala”, por ejemplo cuando desde las comunidades complementan decisiones estatales para beneficio de los ciudadanos.

El déficit de las comunidades en 2009 representó un 2% del 11% total

“No comparto la teoría de que el problema esté en las comunidades”, señala a este diario Zarrías, para quien las autonomías son generadoras de déficit como cualquier otra administración.

Desde su punto de vista, la clave reside en que “la derecha nunca ha querido un Estado de las autonomías”, de ahí ese discurso recentralizador.

El trasfondo del debate, apunta, es la privatización de servicios públicos. “Cuando desde el PP y sus satélites hablan de adelgazamiento, lo que están intentando es privatizar servicios públicos, que es lo que hemos visto en Madrid y Valencia con la sanidad y la educación”.

Este análisis de la situación para mejorar la coordinación choca, sin embargo, con la última propuesta realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que destilaba aires armonizadores, al defender la “concertación” de los horarios comerciales entre comunidades.

Una medida que no ha gustado al nuevo Govern de Catalunya, al considerar que invade su capacidad de autogobierno.

El PSOE concretará sus “ofertas” para perfeccionar el modelo territorial el próximo 30 de enero, en la convención autonómica que realizará el partido, “pero respetando el Estado autonómico”, subrayó Zarrías.

Entre las medidas, plantearán “cerrar el mapa autonómico en lo que se refiere a concluir el proceso de renovación de estatutos”, explica.

Más dencentralización

El president Artur Mas no ha dudado en situar al PP y PSOE en el mismo bloque, para advertir de las consecuencias que pueden tener “los intentos armonizadores” de ambas formaciones.

Aunque no sabe si es viable un estado con 17 autonomías, sin embargo tiene claro que “Catalunya y la nación catalana son viables”. Es más, recién aterrizado en la Generalitat recordó que el objetivo de su formación es alcanzar un pacto fiscal con el Estado.

Artur Mas critica “los intentos armonizadores” de PSOE y PP

Recordando la clara voluntad de autogobierno de Catalunya, el portavoz de CiU en la comisión de política territorial en el Congreso, Jordi Jané, sostiene que “hay margen para alcanzar ese acuerdo”

Por otro lado, defiende “la administración autonómica única” en aquellas competencias transferidas, como solución a las actuales duplicidades.

Desde su punto de vista, así se simplificarían algunos problemas del modelo.

En este momento de ajustes en las administraciones, Jané es partidario de “aligerar la estructura de los ministerios” ya que muchos de ellos no prestan los servicios para los que fueron diseñados porque sus funciones han sido transferidas a la comunidades.

Y ni oír hablar de devolver competencias: “Están concretadas en el Estatut y nosotros lo que pedimos es que se cumplan y se apliquen”.

No a la centralización

¿Y qué opinan los expertos? Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, defiende que el debate sobre la devolución de competencias al Estado se agota porque “no está en el horizonte de lo alcanzable lograr un consenso para su reforma”.

En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Francico Balaguer sostiene que “la idea de centralizar va en contra del espíritu del Estado autonómico.

No es posible constitucionalmente”. Sin embargo, aprecia motivos para pedir a las comunidades “que conciten políticas, que haya más colaboración”.

Zarrías sostiene que la derecha “nunca ha querido un Estado autonómico”

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, Mariano Bacigalupo enfatiza que lo importante es que el Estado “no siga perdiendo más” competencias porque corre el riesgo de quedarse anoréxico.

La clave, señala Bacigalupo, es que se “recuperen ciertas dosis de homogeneidad” en ciertos servicios públicos vertebradores de la cohesión social. Algo que se puede lograr, señala, “reforzando la legislación básica del Estado”.

Los expertos consultados por Público coinciden en señalar el factor económico como determinante para que haya resurgido este debate sobre el Estado de las autonomías.

El catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona Enoch Albertí considera, sin embargo, que “las autonomías no cuestan mucho” a tenor de las funciones que desempeñan.

Ahora bien, “otra cuestión es que haya servicios públicos que se solapen o no estén bien coordinados. Esto sí puede suponer un coste significativo”.

Competencias claras

En este caso, señala Albertí, habrá que ver “quién solapa a quién”. En su opinión, hay casos clamorosos de invasión de competencias por parte del Estado. “Las duplicidades pueden ser en los dos sentidos”.

Estas avocan a “una distribución nítida de las competencias”. Según el catedrático, esto clarificaría las responsabilidades y permitiría el establecimiento de medidas de colaboración para ser eficientes.

No obstante, duda que se pueda fijar una lista única de competencias del Estado y de las autonomías. “Sería una reforma interesante, pero hoy por hoy está descartada porque serviría para recentralizar”, concluye.

El Gobierno cree que no hay grandes duplicidades entre administraciones

Luciano Parejo pone el acento en que el sistema debía haberse rectificado antes: “No había voluntad política para afrontar el problema, pero la necesidad de hacerlo es estructural”.

Como posible solución, apunta un “deslinde competencial claro”, para a partir de ahí fijar técnicas de acción conjunta.

También partidario de clarificar la distribución de competencias se muestra Bacigalupo, quien asegura que las “duplicidades competenciales no son la regla”.

Sin embargo, reconoce que “se ha producido una multiplicación institucional mimética a la del Estado”. Televisiones públicas, tribunales de la competencia, oficinas….

Su reversión, dice, es muy difícil: “El problema es que ante instituciones ociosas y prescindibles, el único remedio es la supresión”.

Para Bacigalupo, contribuiría a clarificar el debate saber qué modelo queremos. “El desarrollo del Estado federal es una tarea pendiente”.

Los expertos también apuntan a un necesario fortalecimiento de la cultura política autonómica o federal, que requiere respeto a la diversidad y lealtad institucional, como factor que
rebajaría tensiones entre comunidades.

 

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